Le vaciaron la cuenta de la tarjeta y la Justicia condenó a la empresa a devolver el dinero

Una mujer de El Bolsón fue víctima de una transferencia no autorizada desde su cuenta de tarjeta y, tras iniciar una demanda judicial, logró que la Justicia ordenara a la empresa devolverle el dinero y pagar una indemnización por los daños ocasionados.

El hecho salió a la luz cuando la usuaria ingresó a la aplicación para pagar su resumen y descubrió que ya no tenía saldo disponible. En su lugar, figuraba una transferencia de casi $600.000 a un destinatario desconocido, operación que aseguró no haber realizado.

A raíz de esta situación, no pudo cancelar su deuda en tiempo y forma, lo que generó intereses por mora superiores a $95.000, además de reclamos de pago y advertencias de posibles acciones de cobro.

La mujer realizó la denuncia policial, se presentó en una sucursal y envió una carta documento, pero no obtuvo una respuesta favorable. La empresa rechazó el reclamo y mantuvo la deuda activa, lo que derivó en una demanda judicial.

Al analizar el caso, el Juzgado Multifueros de El Bolsón encuadró el conflicto dentro de una relación de consumo y consideró que la empresa debía garantizar la seguridad del servicio digital.

Uno de los puntos clave fue el análisis técnico de la operación: la jueza determinó que la transferencia se realizó desde una dirección IP ubicada en otra ciudad, distinta a la de la usuaria, lo que permitió atribuir la maniobra a terceros.

Si bien la empresa sostuvo que la operación había sido validada con mecanismos de seguridad, no logró demostrar su funcionamiento efectivo en este caso, ni acreditar cómo se autorizó la transacción.

Además, el fallo señaló que la firma aportó registros internos insuficientes y no concretó una pericia informática que había propuesto, lo que debilitó su defensa.

En contraste, la clienta presentó documentación que permitió reconstruir la secuencia de los hechos, incluyendo el movimiento cuestionado y los reclamos posteriores.

En su resolución, la Justicia ordenó a la empresa devolver los $580.000 transferidos, abonar otros $580.000 por daño moral y eliminar los intereses generados por la deuda.

También dispuso que no se inicien acciones de cobro ni se incluya a la usuaria en registros de morosos por este caso.

El fallo puso además el foco en la falta de respuesta ante el reclamo y el impacto que la situación generó en la mujer, quien debió enfrentar gestiones, pérdida de tiempo y la incertidumbre sobre el destino de su dinero.