El Gobierno pidió derogar la Ley de Etiquetado Frontal y quitar los octógonos de advertencia
El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para derogar en su totalidad la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, que establece la utilización de octógonos negros de advertencia en alimentos y bebidas envasadas.
La iniciativa ingresó este sábado al Senado de la Nación y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. Según el texto oficial, la aplicación de la normativa vigente evidenció “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas”, por lo que el Gobierno propone su eliminación total.
De avanzar el proyecto, quedaría derogada la ley que regula el sistema de advertencias frontales en los envases, además de las restricciones vinculadas a la publicidad, los entornos escolares y el uso de personajes infantiles en productos alcanzados por la norma.
El planteo central del Ejecutivo apunta contra el actual sistema de clasificación nutricional, basado en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud. El Gobierno sostiene que el modelo aplica criterios homogéneos sobre alimentos muy diferentes entre sí, sin contemplar las porciones reales de consumo ni la densidad nutricional de cada producto.
Según la argumentación oficial, esa metodología puede generar situaciones consideradas inconsistentes, en las que alimentos tradicionales o con valor nutricional reciben advertencias similares a las de productos ultraprocesados. Para el Ejecutivo, esto deriva en interpretaciones “simplificadas o poco precisas” y puede confundir al consumidor al momento de elegir.
Otro de los puntos cuestionados por la Casa Rosada es la estructura “binaria” del sistema, que establece si un producto lleva o no lleva advertencias. Desde el Gobierno consideran que ese esquema no reconoce los esfuerzos parciales o graduales de las empresas para mejorar la composición nutricional de sus productos dentro de una misma categoría.
El proyecto también advierte sobre posibles asimetrías dentro del Mercosur, debido a la falta de armonización regional en materia de rotulado frontal. En ese sentido, el Ejecutivo sostiene que las empresas se ven obligadas a fabricar envases diferenciados para distintos mercados, lo que genera mayores costos operativos.
Según el texto enviado al Parlamento, esa situación afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan costos fijos proporcionalmente más altos para cumplir con la normativa. El Gobierno advierte que este escenario podría favorecer procesos de concentración del mercado.
Además, la iniciativa cuestiona la rigidez de la ley vigente, al señalar que numerosos aspectos técnicos y metodológicos fueron incluidos directamente en el cuerpo de la norma. Para el Ejecutivo, eso dificulta la actualización del sistema frente a nuevos consensos científicos internacionales o eventuales modificaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina.
De todos modos, el Gobierno aclaró que la derogación propuesta no implica eliminar las obligaciones de información nutricional en los alimentos envasados. Según se indicó, continuará vigente la declaración obligatoria de valor energético, azúcares, grasas y sodio bajo el Código Alimentario Argentino, el sistema armonizado del Mercosur y las normas de lealtad comercial y defensa del consumidor.