CAME advierte que la propuesta del FMI afectará a trabajadores y pequeños contribuyentes
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cuestionó las recomendaciones de reforma tributaria difundidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina y advirtió que las medidas propuestas tendrían un impacto regresivo sobre trabajadores, pequeños contribuyentes y el consumo interno.
Según planteó la entidad, el organismo internacional propuso ampliar la base del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría, reducir el piso desde el cual los trabajadores comienzan a tributar, extender el alcance del IVA a bienes y servicios actualmente exentos, y modificar el régimen del Monotributo para elevar sus categorías.
Para CAME, ese enfoque no atiende el problema central del sistema impositivo argentino. La entidad sostuvo que las reformas sugeridas por el FMI “recaen sobre los asalariados, los pequeños contribuyentes y el consumo doméstico”, mientras dejan sin cambios los tributos que, a su criterio, afectan de manera más directa a la producción, la inversión y la generación de empleo formal.
En ese sentido, la confederación empresaria afirmó que el diagnóstico del FMI omite el peso de la tributación subnacional, donde ubicó el “nudo fiscal más dañino” para la actividad económica. Allí mencionó especialmente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y a distintas tasas municipales que, según indicó, se aplican sobre las ventas brutas de las empresas sin contemplar su rentabilidad.
CAME propuso la convocatoria urgente de un Nuevo Consenso Fiscal entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios, con el objetivo de encarar una reforma estructural del sistema tributario subnacional. La intención, según la entidad, no debería limitarse a una baja nominal de alícuotas, sino establecer reglas permanentes que ordenen bases imponibles, regímenes de retención y percepción, y mecanismos de devolución en todo el país.
El impacto de Ingresos Brutos y las tasas municipales
Uno de los principales cuestionamientos de CAME apunta al funcionamiento de Ingresos Brutos, al que definió como un impuesto en cascada que se aplica en distintas etapas de la cadena productiva. A diferencia de Ganancias, que grava utilidades, este tributo se calcula sobre ventas brutas, aun cuando la rentabilidad de una empresa sea baja o inexistente.
La entidad señaló que, junto con las tasas municipales, la carga tributaria subnacional puede representar entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa. A eso se suman tributos locales como la Tasa de Seguridad e Higiene, la Tasa General de Inmuebles, la Tasa de Habilitación Comercial y otras contribuciones que, en muchos casos, no tendrían una relación directa con servicios efectivamente prestados.
Otro punto señalado por CAME es el sistema de retenciones y percepciones que aplican las provincias. Según explicó, estos mecanismos funcionan como adelantos de recaudación, pero en la práctica muchas veces terminan generando saldos a favor que las empresas no logran recuperar en tiempo y forma.
La entidad advirtió que esos saldos acumulados afectan el capital de trabajo de las pymes, especialmente en contextos de inflación, porque las devoluciones pueden demorar entre 12 y 36 meses. Durante ese período, el dinero retenido pierde valor real y opera, según la mirada empresaria, como una suerte de financiamiento forzoso al Estado provincial.
CAME también cuestionó la falta de información pública sobre el stock de saldos a favor pendientes en las jurisdicciones provinciales. Para la entidad, esa ausencia de datos impide dimensionar con precisión el problema y limita cualquier posibilidad de rendición de cuentas.
Un nuevo esquema fiscal
Entre los puntos planteados, CAME propuso avanzar en una armonización nacional de los regímenes de retención y percepción, establecer plazos obligatorios de devolución y revisar la aplicación de Ingresos Brutos en las etapas intermedias de producción.
La entidad consideró que el nuevo consenso fiscal debería apuntar a eliminar el efecto cascada del impuesto y concentrar su aplicación en la etapa de venta final al consumidor, con un esquema similar al del IVA. Según sostuvo, esto permitiría mejorar la competitividad del sector productivo sin afectar necesariamente la recaudación de las provincias.
Además, planteó que la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral debería asumir un rol central en la implementación de este nuevo esquema, con facultades para homologar padrones, validar coeficientes de distribución y controlar el cumplimiento de los plazos de devolución por parte de las jurisdicciones.
En el cierre de su planteo, CAME remarcó que aumentar la presión sobre los trabajadores a través de Ganancias o encarecer el consumo mediante cambios en el IVA no resolverá los problemas estructurales de la economía. Por el contrario, sostuvo que esas medidas pueden reducir el poder adquisitivo, afectar la demanda interna y profundizar las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas.