PODER JUDICIAL
Condenan a una aseguradora por demorar más de un año la reparación de un vehículo
Una aseguradora fue condenada por la Justicia de El Bolsón luego de que se comprobara una demora superior a un año y cuatro meses en la reparación de un vehículo asegurado contra todo riesgo, además de haber entregado la unidad con fallas técnicas relacionadas con el mismo siniestro.
La sentencia fue dictada por el Juzgado Multifueros de El Bolsón, que consideró acreditado que la empresa incumplió de manera sostenida las obligaciones asumidas en el contrato de seguro, extendió injustificadamente los plazos de reparación y no brindó información adecuada a los asegurados durante el proceso.
El caso se originó el 6 de abril de 2023, cuando una Renault Duster Oroch sufrió importantes daños en un siniestro vial ocurrido en la localidad de El Bolsón. La denuncia fue presentada pocos días después y la compañía aceptó la cobertura, autorizó la reparación y designó un taller para realizar los trabajos.
Sin embargo, según quedó acreditado en el expediente, los problemas comenzaron poco después. La aseguradora aprobó el presupuesto en mayo de 2023 y gestionó la solicitud de repuestos, pero la reparación no avanzó dentro de plazos razonables y los usuarios no recibieron información clara sobre el estado del trámite.
Durante ese período, los propietarios realizaron numerosos reclamos ante la falta de respuestas. Como explicación, la empresa atribuyó las demoras a dificultades en el abastecimiento de autopartes y restricciones vinculadas a la importación de repuestos, argumentos que no fueron respaldados con pruebas suficientes durante el proceso judicial.
La situación se prolongó durante meses. Recién el 30 de abril de 2024 el vehículo ingresó al taller para ser reparado y fue entregado el 26 de agosto de ese mismo año, más de dieciséis meses después del siniestro.
El fallo remarcó que los usuarios debieron reorganizar su vida cotidiana ante la imposibilidad de utilizar el automóvil, una situación especialmente compleja en una zona donde las distancias son amplias y la oferta de transporte público es limitada.
Además, una vez finalizada la reparación, una pericia mecánica detectó que persistían distintos problemas relacionados con el accidente original. Entre ellos se identificaron fallas en el sistema de airbag, defectos de sellado, inconvenientes en molduras y alertas activadas en el tablero del vehículo.
Para la jueza, estas conclusiones demostraron que la prestación brindada por la aseguradora no solo fue tardía, sino también incompleta.
En su defensa, la compañía sostuvo que cumplió con la cobertura contratada y que las demoras obedecieron a factores externos ajenos a su control. Sin embargo, el tribunal entendió que no logró acreditar adecuadamente esas circunstancias ni demostrar un seguimiento eficiente del trámite o una comunicación efectiva con los asegurados.
La sentencia encuadró el caso dentro de la Ley de Defensa del Consumidor y concluyó que la empresa vulneró los deberes de información, trato digno y cumplimiento efectivo del servicio contratado.
Como consecuencia, la aseguradora fue condenada a abonar una indemnización compuesta por 8 millones de pesos por daño material, 7 millones por privación de uso del vehículo, 6 millones por daño moral y 10 millones de pesos en concepto de daño punitivo.
El tribunal consideró acreditado un incumplimiento grave, prolongado en el tiempo y con consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los usuarios, motivo por el cual dispuso la reparación económica correspondiente.