Un proyecto apunta a transformar lotes sociales en viviendas familiares
El concejal Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche, presentó un proyecto de ordenanza para poner en marcha el programa “Mi Primera Casa – Bariloche”, destinado a vecinos que ya fueron adjudicados con un lote social municipal y necesitan financiamiento para construir su primera vivienda familiar.
La iniciativa busca crear un Plan Municipal de Ahorro Previo para Vivienda, administrado mediante un fideicomiso público municipal, con control institucional, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. Según el proyecto, el objetivo es facilitar la construcción de viviendas únicas familiares sobre lotes sociales de dominio municipal ya adjudicados, y no sobre terrenos privados.
El esquema plantea la conformación de círculos de ahorro de hasta 200 familias, donde cada suscriptor aportará una cuota mensual. A ese ahorro individual se sumaría un aporte del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS), equivalente al 100% del ahorro puro abonado por los suscriptores, con el fin de duplicar el fondo disponible para avanzar con las viviendas.
Las adjudicaciones se realizarían mediante sorteo público o por licitación por mayor integración de ahorro, con publicación de resultados y seguimiento a través de una plataforma digital. El proyecto también contempla un régimen especial para quienes ya sean adjudicatarios de lotes sociales municipales.
Entre los puntos centrales, la ordenanza propone que los fondos sean administrados a través de un Fideicomiso Municipal “Mi Primera Casa – Bariloche”, con afectación exclusiva al programa. Además, establece que los recursos no podrán utilizarse para otros fines y que los pagos vinculados a las obras se realizarán únicamente contra certificados de avance, evitando desembolsos anticipados sin ejecución comprobada.
El plan también prevé la creación de una plataforma digital pública, donde cada beneficiario podrá consultar el estado de su cuenta, los aportes acreditados, el avance físico y financiero de la obra, los certificados emitidos, las licitaciones, balances, auditorías y actas del Consejo de Administración.
En materia de control, el proyecto incorpora la participación de la Defensoría del Pueblo, que actuaría como Defensoría del Suscriptor, con facultades para recibir reclamos, solicitar informes, acceder a certificados de obra y formular recomendaciones. También se plantea la creación de un Consejo de Administración integrado por representantes del Ejecutivo, concejales, suscriptores, colegios profesionales y organizaciones vinculadas al acceso al hábitat.
El financiamiento del programa incluiría las cuotas de los suscriptores, aportes municipales, recursos del IMTVHS, fondos provinciales o nacionales, programas habitacionales, donaciones, recupero de cuotas y rentas del patrimonio fiduciario. Además, la iniciativa establece una partida presupuestaria específica no inferior al 2% del Presupuesto General de Gastos del Municipio, con carácter intangible.
Otro de los aspectos destacados es la cláusula de inalienabilidad por 10 años para las viviendas adjudicadas, con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria. Durante ese plazo, no se podría vender, alquilar, transferir, gravar ni subdividir el inmueble, salvo excepciones expresamente previstas para familiares directos.
Costa Brutten sostuvo que la propuesta apunta a responder a una problemática concreta: vecinos que ya cuentan con tierra social adjudicada por el Municipio, pero no logran iniciar la construcción por falta de financiamiento. El proyecto señala que esta situación provoca que muchos lotes permanezcan durante años sin consolidación urbana efectiva, demorando el cumplimiento de la finalidad social que motivó su entrega.