El Gobierno prohibirá el ingreso y expulsará a extranjeros que inciten el odio contra la Argentina

El Gobierno nacional oficializó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual establece nuevas causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina, sus ciudadanos o que incurran en el ultraje a los símbolos patrios.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y difundida por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), fue presentada como una respuesta a las "recientes manifestaciones de hostilidad" registradas contra el país.

Según el texto oficial, se incorpora como causal de prohibición de ingreso y expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirija o incite mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como a quienes ultrajen los símbolos patrios.

Desde el Gobierno sostuvieron que la decisión busca reforzar la protección de la Nación, de sus ciudadanos y de los emblemas nacionales, al considerar que estos valores constituyen un interés prioritario del Estado.

En ese sentido, el comunicado difundido por la OPRA afirma: "Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

Si bien el decreto no menciona casos puntuales, desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa responde al incremento de expresiones hostiles hacia la Argentina registradas en distintos ámbitos, especialmente durante el Mundial de fútbol disputado recientemente en Estados Unidos, México y Canadá, donde en redes sociales se multiplicaron publicaciones ofensivas contra el país y los argentinos.

Con esta decisión, el Gobierno incorpora un nuevo criterio dentro de la política migratoria nacional, ampliando las causales que pueden derivar en la inadmisión o expulsión de ciudadanos extranjeros, en el marco de la protección del orden público y de los intereses nacionales.