SEGURIDAD
Río Negro reglamentó la ley que restringe beneficios para delitos graves
El Gobierno de Río Negro reglamentó la modificación de la Ley S Nº 3008 de ejecución penal, que establece mayores restricciones para el acceso a salidas transitorias y beneficios de libertad anticipada en casos de delitos considerados graves.
La medida, informada este jueves 13 de agosto, fue presentada por el Gobierno provincial como una herramienta para garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas y fortalecer la protección de las víctimas.
El gobernador Alberto Weretilneck sostuvo que la modificación forma parte de una política que la Provincia viene impulsando en materia de seguridad y justicia. “En Río Negro tomamos una decisión: estar del lado de las víctimas y de la gente que cumple la ley”, afirmó.
La reforma alcanza, entre otros casos, a personas condenadas por homicidio simple y agravado, delitos contra la integridad sexual, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, tortura seguida de muerte y secuestro extorsivo cuando se causare la muerte de la víctima.
La normativa provincial también incorpora restricciones para delitos que no están incluidos en la legislación nacional, entre ellos cohecho, grooming, delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito de funcionarios.
Según explicó el Ejecutivo rionegrino, la iniciativa había sido presentada por los legisladores de Juntos Somos Río Negro, Lucas Pica y Facundo López, y modifica la legislación provincial que regula la ejecución de las penas privativas de la libertad.
Weretilneck vinculó esta reforma con otras modificaciones impulsadas por la Provincia en materia penal, entre ellas las relacionadas con la reiterancia y la doble condena.
“Hay una misma línea: el que delinque tiene que saber que hay consecuencias”, sostuvo el mandatario provincial.
La reforma provincial tiene antecedentes en otras jurisdicciones. La gacetilla oficial menciona que Mendoza inició un proceso similar en 2012 y que, a nivel nacional, la Ley Nº 27.375, sancionada en 2017, introdujo restricciones para el acceso a determinados beneficios en casos de delitos graves.
En este caso, Río Negro optó por modificar su propia legislación de ejecución penal, en el marco de las competencias provinciales.
El Gobernador sostuvo además que la reforma busca modificar el enfoque de la discusión penal y otorgar mayor relevancia a las víctimas y a la seguridad de la comunidad.
Con la reglamentación de la modificación de la Ley S Nº 3008, el Gobierno provincial puso en vigencia las nuevas restricciones previstas para las personas condenadas por los delitos alcanzados por la normativa.