LEGISLATURA DE RÍO NEGRO
Río Negro aprobó herramientas financieras por hasta $370.000 millones para 2027
La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves una ley que autoriza al Poder Ejecutivo provincial a utilizar distintas herramientas financieras durante 2027, con el objetivo de atender necesidades transitorias de fondos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
La norma entrará en vigencia el 1 de enero de 2027 y establece nuevos límites para la utilización del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO), la emisión de Letras de Tesorería y los cheques de pago diferido.
Las autorizaciones contemplan $180.000 millones para el FUCO, $160.000 millones en Letras de Tesorería y $30.000 millones en cheques de pago diferido. Se trata de montos máximos para instrumentos diferentes, que no necesariamente serán utilizados en su totalidad.
La iniciativa fue respaldada por el oficialismo y legisladores de distintos bloques, aunque también recibió cuestionamientos por el incremento de los límites y los costos asociados a su utilización.
Los nuevos límites para 2027
La ley modifica la normativa vigente y amplía las herramientas disponibles para la administración financiera provincial.
El FUCO tendrá un límite de $180.000 millones, frente a los $140.000 millones autorizados para 2026.
En tanto, la emisión de Letras de Tesorería podrá alcanzar hasta $160.000 millones en circulación simultánea, mientras que durante el presente ejercicio el límite era de $120.000 millones.
Por su parte, el monto autorizado para cheques de pago diferido aumentará de $24.000 millones a $30.000 millones.
Estos mecanismos permiten al Gobierno afrontar diferencias temporales entre el ingreso de recursos y las fechas en que debe cumplir compromisos financieros.
El oficialismo defendió la necesidad de contar con financiamiento
La legisladora de Juntos Somos Río Negro, Soraya Yauhar, explicó que las herramientas permitirán atender obligaciones como el pago de salarios y proveedores cuando se produzcan desfasajes entre los ingresos y los egresos provinciales.
Señaló que la caída de la recaudación nacional y la disminución del consumo impactan sobre las finanzas de Río Negro.
También aclaró que los montos autorizados constituyen límites máximos y que no necesariamente serán utilizados en su totalidad.
Por su parte, el presidente del bloque oficialista, Facundo López, defendió la política financiera del Gobierno provincial y rechazó los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.
Según los datos que presentó en el recinto, el peso de la deuda respecto de los ingresos provinciales disminuyó del 71% en diciembre de 2023 al 22% en diciembre de 2025, hasta ubicarse en el 16% en septiembre de 2026.
Además, indicó que durante este año se utilizaron $69.000 millones de los $120.000 millones disponibles en Letras de Tesorería, y $19.000 millones de los $24.000 millones autorizados para cheques de pago diferido.
López explicó que estos últimos recursos estuvieron destinados principalmente a obligaciones relacionadas con IPROSS, Salud Pública y Educación.
También sostuvo que la Provincia debió asumir responsabilidades adicionales frente a la reducción del financiamiento nacional en áreas como obras públicas, rutas y establecimientos educativos.
Cuestionamientos por los intereses y el déficit provincial
Desde la oposición se plantearon diferencias respecto de los costos financieros que implica recurrir a estas herramientas.
El legislador Luciano Sempé, de Vamos con Todos, cuestionó el incremento de los montos autorizados y señaló que la Provincia acumula alrededor de $6.700 millones en intereses por giros en descubierto.
También estimó que, de mantenerse las tasas actuales, la emisión de Letras de Tesorería podría generar un costo financiero de $29.400 millones.
El legislador consideró que la utilización recurrente de estos mecanismos constituye una forma de endeudamiento y adelantó el rechazo de su bloque.
En la misma línea, Leandro García, del PJ–Nuevo Encuentro, vinculó la situación financiera con la reducción de recursos nacionales y el aumento de las demandas sociales.
Sostuvo que el análisis del equilibrio fiscal debe contemplar también la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población.
Por su parte, Gabriela Picotti cuestionó el crecimiento de las autorizaciones financieras y planteó que la administración de los recursos debe evaluarse junto con los resultados en salud, educación y seguridad.
Advirtieron sobre un déficit de $271.000 millones
Durante el debate, la legisladora Martina Lacour, quien acompañó la iniciativa, expresó preocupación por la evolución de las cuentas provinciales.
Según indicó, entre enero y septiembre de 2026 se acumuló un déficit financiero de $271.000 millones y un desahorro corriente superior a los $40.000 millones.
Aunque señaló que estos resultados contrastan con las previsiones presupuestarias, consideró necesario que el Gobierno cuente con las herramientas para cumplir sus compromisos durante el próximo ejercicio.
También Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, acompañó el proyecto, aunque manifestó reparos sobre los costos financieros y pidió revisar las condiciones ofrecidas por el Banco Patagonia, agente financiero de la Provincia.
Apoyos con pedidos de mayor control
El legislador radical Ariel Bernatene respaldó la iniciativa al considerar que la Provincia necesita comenzar el próximo ejercicio con mecanismos que permitan resolver eventuales problemas de liquidez.
Por su parte, Javier Acevedo, de CC ARI–Cambiemos, acompañó la autorización, aunque reclamó mantener el seguimiento legislativo sobre la utilización de los fondos.
Desde el bloque PRO–Unión Republicana, Juan Martín también votó favorablemente, pero planteó la necesidad de discutir las causas estructurales que llevan al Estado a recurrir a estos instrumentos.
El legislador reclamó mayor información sobre las cuentas públicas y destacó la importancia de generar inversiones, empleo privado y recursos genuinos.
En tanto, José Luis Berros, de Vamos con Todos, ratificó el rechazo de su bloque y cuestionó que estas herramientas sean consideradas únicamente mecanismos para atender necesidades estacionales de fondos.
Según señaló, durante 2026 la Provincia habría recurrido a giros en descubierto durante 125 días.
Las herramientas estarán disponibles desde enero
Con la aprobación de la ley, el Gobierno provincial contará desde el 1 de enero de 2027 con nuevas autorizaciones para administrar sus necesidades financieras.
El oficialismo sostiene que estos instrumentos son necesarios para garantizar el funcionamiento del Estado y afrontar obligaciones en un contexto de menores ingresos nacionales.
Desde distintos sectores de la oposición, en cambio, advierten sobre el crecimiento de los costos financieros, el déficit provincial y la necesidad de mejorar la transparencia y el seguimiento de las cuentas públicas.
El debate dejó planteadas diferentes posiciones sobre la administración de los recursos y los mecanismos que tendrá disponibles la Provincia para afrontar el próximo ejercicio fiscal.