Las prepagas deberán volver a pedir autorización para aumentar sus cuotas
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este jueves 19 de noviembre la inconstitucionalidad de dos artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el gobierno de Javier Milei, que habían permitido a las empresas de medicina prepaga establecer libremente los aumentos de sus cuotas.
La resolución representa un cambio en el esquema vigente desde diciembre de 2023 y restituye las facultades de control previstas en la Ley 26.682, que regula la actividad de las empresas de medicina prepaga.
Con este fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus atribuciones para revisar, fiscalizar y autorizar los incrementos, que deberán estar justificados por la evolución de los costos del servicio.
Sin embargo, el alcance inmediato de la sentencia corresponde a una causa individual y todavía resta conocer cómo implementará el Gobierno el nuevo esquema de controles.
El caso que llegó a la Corte Suprema
La decisión surgió a partir del reclamo judicial de una afiliada de Swiss Medical, quien cuestionó los incrementos aplicados a su cobertura durante los primeros meses de vigencia del DNU.
Según consta en el expediente, la cuota de su plan aumentó un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
La mujer reclamó que se dejaran sin efecto los aumentos posteriores a la entrada en vigencia del decreto, al considerar que habían sido aplicados sin los mecanismos de control establecidos anteriormente.
El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirmó parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de La Plata.
Los jueces consideraron que el Gobierno no había justificado suficientemente las circunstancias excepcionales necesarias para modificar por decreto las facultades de control del Estado sobre las cuotas.
Qué cambia para los afiliados
La principal consecuencia del fallo es que las empresas ya no podrán ampararse únicamente en la libertad de precios establecida por los artículos cuestionados del DNU.
El sistema previsto por la legislación anterior contempla que los incrementos sean evaluados por la autoridad sanitaria nacional, teniendo en cuenta las variaciones en la estructura de costos y los riesgos asociados a las prestaciones médicas.
No obstante, la decisión no establece un porcentaje máximo de aumento ni dispone una reducción automática de las cuotas actuales.
De hecho, la Corte dejó sin efecto una parte de la sentencia de la Cámara Federal que había ordenado limitar los incrementos al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Esto significa que los ajustes no necesariamente deberán coincidir con la inflación, sino que su razonabilidad tendrá que ser evaluada conforme a los criterios previstos en la legislación.
Qué sucederá con los aumentos anteriores
Otro de los interrogantes es qué ocurrirá con los incrementos aplicados desde diciembre de 2023.
El fallo constituye un antecedente para otros reclamos judiciales, pero no establece una devolución general y automática de los importes abonados por todos los afiliados.
La decisión podría tener consecuencias sobre numerosas causas que actualmente tramitan en distintos tribunales del país.
Cada situación deberá analizarse según sus particularidades y las decisiones judiciales que correspondan.
La reacción de las empresas
Desde el sector de la medicina privada manifestaron preocupación por las consecuencias económicas y regulatorias del fallo.
La Unión Argentina de Salud (UAS), que reúne a distintas entidades vinculadas con la actividad, pidió establecer mecanismos de diálogo para garantizar condiciones de previsibilidad y sostenibilidad del sistema.
Las empresas sostienen que enfrentan incrementos permanentes en los costos de las prestaciones, los medicamentos, los insumos y la incorporación de nuevas tecnologías médicas.
Un nuevo escenario para las cuotas
Durante los últimos años, los aumentos de las prepagas generaron cuestionamientos por su impacto sobre los ingresos de los afiliados.
Desde mediados de 2024, luego de un conflicto entre el Gobierno y las compañías por los fuertes incrementos iniciales, las actualizaciones mensuales se mantuvieron generalmente en porcentajes cercanos a la inflación.
Con el pronunciamiento de la Corte Suprema se abre una nueva etapa para la regulación de las cuotas.
Por ahora, no se anunció un nuevo porcentaje máximo de aumento ni un procedimiento definitivo para aplicar las autorizaciones, por lo que las próximas decisiones del Gobierno y de la Superintendencia de Servicios de Salud serán determinantes para conocer el impacto concreto sobre los usuarios.