Sancionan ley para ampliar el Superior Tribunal de Justicia
Luego de un extenso debate que se extendió por cuatro horas, la Legislatura de Río Negro sancionó la ley que amplía la composición del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de tres a cinco miembros.
El proyecto fue aprobado en general y en particular por mayoría. La ley modifica el artículo 38 de la ley Orgánica del Poder Judicial. Establece en forma taxativa que el máximo tribunal debe integrarse con vocales de ambos sexos, procurando una equilibrada representación de las distintas circunscripciones judiciales de la provincia.
Quedó modificado también el artículo 39. A partir de la entrada en vigencia de la norma, las decisiones del STJ se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta, previa deliberación de la totalidad de sus miembros, siguiendo el orden en que hubieran sido sorteados. Reunida la mayoría absoluta, será potestativo para los restantes jueces emitir su voto.
En los supuestos de excusación, ausencia, vacancia, licencia u otro impedimento de hasta dos de los miembros, podrá emitirse válidamente sentencia con el voto concordante de los otros tres Jueces.
El acuerdo y las sentencias podrán ser redactadas en forma impersonal.
El proyecto de ley fue informado en Cámara por la legisladora Arabela Carreras, quien argumentó que la ampliación contribuirá a ampliar la diversidad y la capacidad de debate, y a mejorar la calidad del servicio de justicia.
Aseguró que “en este momento Río Negro necesita un STJ de cinco miembros”. Consideró que debe ser un tribunal “transformador”, “imparcial”, que promueva su independencia de factores de poder internos y externos.
El debate giró en torno a las tres cuestiones principales que incorpora la ley: la composión del máximo tribunal, el cupo femenino y la representación regional. Una amplia mayoría, incluida una gran parte de la oposición, avaló las modificaciones incorporadas al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
La mayoría acompañó el aumento de miembros del Tribunal y destacó el proceso de designaciones que permitió la cobertura de una gran cantidad de vacantes en el Poder Judicial. También fue valorada por la mayoría de los legisladores la incorporación del texto que procura una equilibrada representación de las distintas circunscripciones judiciales de la provincia.
El legislador Ariel Rivero fundamentó el aval de su bloque al proyecto “en el convencimiento de que su actual redacción, más las circunstancias políticas que han llevado al proceso de reforma judicial nacional, hacen necesario aunar todos los coheficientes de acción afectiva hacia la democratización de la Justicia, aportando un resorte para coadyuvar en el proceso integral de reforma judicial, con los términos que requiere el Gobierno”.
El legislador Rubén Torres basó su apoyo a la iniciativa en “un voto de confianza”. Aclaró que “no votaba el proyecto” sino “una política de Estado”.
Por la oposición, Bautista Mendioroz adelantó el voto favorable de un sector del bloque de la Concertación. Consideró que la ampliación procura una mayor participación. Francisco Gonzalez expresó la posición del otro sector, que cuestionó los argumentos utilizados por el oficialismo para fundamentar las modificaciones propuestas en la iniciativa. Ricardo Ledo también se opuso a la reforma. Cuestionó la validez de los argumentos para ampliar el STJ y señaló que la iniciativa responde a cumplimiento de compromisos políticos. Ana Piccinini también se opuso a las modificaciones. Criticó a los miembros del Superior Tribunal, habló de “ausencia de la Justicia”. También cuestionó los argumentos utilizados para justificar los cambios.
La incorporación en el articulado de la integración de ambos sexos al Tribunal fue fundamentada por Roxana Fernández, presidenta de la comisión de Problemáticas de Género. Aseguró que la medida enriquecerá la pluralidad del debate y contribuirá a la democratización. En el mismo sentido se pronunció la legisladora Marta Milesi, quien consideró la incorporación como una “medida de acción positiva”. Alejandro Betelú adhirió a los fundamentos de Milesi. Magdalena Odarda también manifestó su apoyo: sostuvo que incluir la cuestión de género significa “un salto de calidad institucional” y destacó el hecho de que la ley establezca la obligatoriedad de la cuestión de género. En el mismo sentido, Pedro Pesatti fundamentó la iniciativa en la necesidad de establecer un “imperativo categórico”.
