Piden más asistencia a familias sin gas ante la falta de avance del Gasoducto

La crisis energética que afecta a gran parte de la región cordillerana de Río Negro sumó en las últimas horas un nuevo reclamo desde la Legislatura provincial. La parlamentaria del bloque Vamos con Todos, Ana Marks, presentó un proyecto de comunicación solicitando al gobierno de Alberto Weretilneck la ampliación inmediata del Plan Calor 2025, destinado a asistir a las familias que no cuentan con red de gas natural y deben afrontar el invierno con calefacción precaria o garrafas de alto costo.

El pedido, dirigido especialmente a la Secretaría de Energía y Ambiente, busca atender una problemática que se agrava año tras año: la falta de conexión a la red domiciliaria de gas en decenas de barrios de Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón y otras localidades, debido a la paralización de la ampliación del Gasoducto Cordillerano.

Marks explicó que las demoras en la obra nacional —que permanece frenada desde hace más de cinco años— dejaron sin cobertura a miles de hogares, que dependen exclusivamente del Plan Calor, consistente en la entrega de leña o garrafas subsidiadas.

“Venimos advirtiendo desde hace tiempo que hay una situación energética crítica en la región, con miles de familias que no tienen acceso a un servicio esencial como el gas natural. Esto exige que la provincia actúe con rapidez y refuerce la asistencia para garantizar calefacción en los hogares más vulnerables”, reclamó la legisladora.

Una ley vigente que casi nadie conoce

Además del pedido por el Plan Calor, Ana Marks volvió a advertir sobre la falta de difusión de una ley provincial que protege a los sectores vulnerables de los cortes de servicios públicos por falta de pago.

En una entrevista con el programa radial Ideas Circulares, la legisladora recordó que la norma está vigente desde hace años, pero el Estado provincial no realiza campañas de difusión ni aplica mecanismos automáticos de protección, lo que obliga a los usuarios afectados a iniciar gestiones ante las empresas prestadoras para evitar la interrupción de los suministros.

“Es un lindo paraguas protector que desde hace muchos años está vigente en la provincia de Río Negro. Pero cuando empezaron las rondas de la asamblea de jubilados y jubiladas, veíamos que iban a Camuzzi y a la Cooperativa de Eléctricidad pidiendo la suspensión de los cortes de servicios. Ahí me acerqué y les planteé: esta ley está vigente”, relató.

Marks explicó que el problema radica en que el beneficio no se otorga de manera automática, sino que los vecinos deben acreditar su condición de vulnerabilidad presentando recibos de haberes, documentación y completando formularios en las oficinas de las empresas de servicios.

“Hay que ir a demostrar, llevar tu recibo de jubilación, inscribirte en un formulario en las empresas. No puede ser que un jubilado tenga que andar haciendo trámites en pleno invierno para no quedarse sin luz o gas”, lamentó.

Críticas al Estado y la falta de voluntad política

En este sentido, la legisladora cuestionó duramente a las autoridades provinciales por no garantizar la difusión masiva de la normativa vigente, lo que expone a los sectores más vulnerables a quedar desprotegidos ante posibles cortes de servicios en la temporada invernal.

“Nos dimos cuenta que no había difusión y que, al no haberla, había familias protegidas por la ley que estaban con cortes o con inminentes cortes de servicios porque nadie les había informado”, denunció.

Marks detalló que incluso presentó pedidos de informes al Ministerio de Hacienda de la provincia para conocer cuántos beneficiarios se registraron en cada localidad, pero hasta el momento no obtuvo ninguna respuesta oficial.

“Entendemos que nuevamente nos encontramos ante una ley muerta, una herramienta que existe pero que no se aplica porque el gobierno no tiene voluntad de hacerla cumplir”, señaló.

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También apuntó contra el manejo de recursos en comunicación institucional: “El gobierno provincial gasta millones en pauta publicitaria. Una campaña para que les llegue a ustedes a las radios locales diciendo que hay un derecho sería algo súper accesible para hacer”, remarcó.

Modernización ausente y acumulación de deudas

Otro de los puntos que la legisladora subrayó es la burocracia vigente para acceder a estos beneficios, pese a que la provincia cuenta con una secretaría de modernización.

“No puede ser que un jubilado tenga que ir con el papelito, y si le falta algo, volver. La modernización debería ser para este tipo de cosas. Durante la pandemia se cruzaron datos para entregar el IFE y otras asistencias de forma automática. Los datos existen, el Estado los tiene, sobre todo de los jubilados que cobran la mínima, que están formalizados”, criticó.

Además, advirtió que, aunque la ley evita los cortes, las deudas por servicios impagos continúan generando intereses, lo que se transforma en un problema acumulativo para las familias afectadas.

“Así como difundimos la existencia de esta ley, también decimos: ojo vecinos y vecinas, si hay una posibilidad de pagar, sigamos pagando, porque esta ley no es para dejar de pagar nunca más. La deuda sigue corriendo”, concluyó. (Bariloche Opina)