Bariloche impulsa revisar la coparticipación y plantea mayor equidad en obras provinciales

La discusión sobre la coparticipación de fondos entre la Provincia de Río Negro y los municipios volvió a instalarse en la agenda política. En diálogo con el programa Ideas Circulares, el asesor del intendente de Bariloche, Agustín Domingo, explicó los criterios con los que se distribuyen los recursos y por qué distintas localidades plantean la necesidad de actualizar el esquema vigente.

Según recordó, la fórmula actual fue establecida hace más de tres décadas y se basa en distintos parámetros que combinan criterios de equidad territorial y variables vinculadas a la actividad económica y la población de cada municipio.

Domingo explicó que el 20% de la masa coparticipable se reparte en partes iguales entre todos los municipios, un mecanismo pensado para sostener a las localidades más pequeñas que tienen menor capacidad de generar recursos propios.

“Ese 20% que se distribuye en partes iguales hace que reciba lo mismo Comallo, Los Menucos o Bariloche, y eso en promedio se pensó para sostener a ciudades que no tienen capacidad de recursos propios”, explicó.

Sin embargo, el funcionario advirtió que ese criterio termina perjudicando a los municipios más grandes, que aportan una mayor recaudación provincial.

Además, señaló que existen otros dos componentes en la fórmula actual. Un 40% de la coparticipación se distribuye según la recaudación de impuestos, donde Bariloche tiene una participación relevante debido al movimiento económico generado por el turismo y otras actividades.

“Bariloche recauda proporcionalmente más que muchas ciudades por el turismo y por todo lo que genera”, sostuvo.

El otro 40% se asigna en función de la población, un indicador que, según Domingo, también requiere actualización debido a los cambios demográficos que se produjeron en las últimas décadas.

Índices basados en censos antiguos

Uno de los puntos centrales del debate es que muchos de los coeficientes actuales fueron calculados con datos de censos antiguos, lo que genera distorsiones en la distribución de recursos.

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Domingo mencionó como ejemplo el caso de Sierra Grande, cuyos índices se calcularon con datos previos al cierre de la mina de HIPASAM en los años 90.

“Los índices se calcularon con el censo del 91, antes del cierre de la mina. Hoy los censos más recientes cambian totalmente esa realidad”, explicó.

Incluso los datos del Censo 2022 todavía no reflejan completamente el crecimiento que la ciudad podría experimentar con las inversiones vinculadas al desarrollo energético en la costa atlántica.

Para el asesor municipal, el principal problema es que la actualización de los índices se demoró demasiado tiempo. “Primero hay que preguntarse por qué dejamos que pasaran 30 años sin actualizar estos criterios”, planteó.

Nuevos indicadores en análisis

Durante las reuniones entre el Gobierno provincial y los intendentes también se discutió la posibilidad de evaluar otros indicadores para mejorar el sistema de distribución.

Entre las opciones analizadas aparecen variables como los padrones electorales o la matrícula escolar, que podrían complementar o contrastar los datos poblacionales del censo.

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Sin embargo, Domingo relativizó las críticas al censo como única herramienta estadística.

“Si el censo está mal, está mal para todos. Si los padrones están mal, también están mal para todos. Es difícil creer que el error sea distinto según la localidad”, sostuvo.

La postura de Bariloche

En ese marco, el intendente Walter Cortés planteó en las reuniones la necesidad de actualizar los índices de coparticipación, pero también de avanzar en un criterio más equilibrado para la distribución de obras públicas provinciales.

Domingo explicó que Bariloche enfrenta importantes déficits de infraestructura debido a su crecimiento urbano y a la extensión de su ejido municipal.

“Bariloche tiene un ejido muy grande y necesita muchas obras para poder unir ese territorio y llegar con servicios a todos los habitantes”, indicó.

Por ese motivo, el planteo municipal no se limita solo a la coparticipación, sino también a lograr una distribución más equitativa de las obras financiadas por la provincia.

Posible impacto económico

Las primeras simulaciones realizadas durante las reuniones arrojan que una actualización de los índices podría representar mayores ingresos para Bariloche.

Según explicó Domingo, las estimaciones preliminares indican que la ciudad podría recibir alrededor de 200 millones de pesos adicionales por mes. “Cortés enseguida hizo el cálculo en cuadras de asfalto”, comentó.

En términos de obra pública municipal, esa cifra podría traducirse en entre cuatro y cinco cuadras de pavimento por mes, considerando los costos actuales de ejecución con recursos municipales.

La modificación del esquema de coparticipación requiere cambiar una ley provincial, por lo que el proceso deberá pasar por la Legislatura de Río Negro.

Uno de los mecanismos propuestos para avanzar en el debate es trabajar por circuitos electorales, ya que la Legislatura provincial tiene 24 legisladores que representan a distintas regiones.

En ese sentido, Domingo adelantó que el circuito andino, integrado por Bariloche y otras localidades de la región, podría tener una reunión específica durante marzo para continuar analizando el tema.

Posteriormente se prevé un encuentro general entre intendentes en la costa atlántica, posiblemente en Sierra Grande, donde se está desarrollando una fuerte inversión vinculada al proyecto energético de Punta Colorada.

Inversiones energéticas en la provincia

Durante la entrevista también se abordó el impacto que podrían tener las inversiones energéticas vinculadas a Vaca Muerta y al desarrollo del puerto exportador de petróleo en la costa rionegrina.

Domingo destacó que la provincia se posiciona como un actor clave en el nuevo esquema energético del país, con proyectos vinculados al RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) y obras de infraestructura portuaria y energética.

“Si uno va a Punta Colorada ve un nivel impresionante de movimiento de máquinas y trabajadores. Es una realidad que ya está ocurriendo”, aseguró.

Entre las inversiones en marcha se encuentran instalaciones vinculadas al oleoducto y al almacenamiento de petróleo, además de proyectos industriales relacionados con el procesamiento de gas.

No obstante, el funcionario también señaló que el desafío será lograr que ese crecimiento económico se traduzca en mejoras concretas para las comunidades locales, especialmente en materia de servicios e infraestructura.