Gennuso vetó la tarifa residente del TUP y la creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana
El intendente Gustavo Gennuso vetó este lunes por resolución dos ordenanzas que habían sido aprobadas recientemente en el Concejo Municipal.
Se trata de la aplicación de la tarifa residente para los usuarios del transporte público, y de la creación de una Sub Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal. Ambas iniciativas fueron impulsadas por el concejal Pablo Chamatrópulos.
Tarifa residente
El proyecto N° 514/22 "Tarifa residente aplicada al TUP" propone una tarifa especial con un descuento del 35% para los residentes que utilizan el transporte público de pasajeros. Sin embargo, según la resolución, la ordenanza aprobada por mayoría simple en una sesión reciente “no cumple con los requisitos establecidos por la ordenanza 124-CM-92, ya que no incluye estudios económico-financieros ni de factibilidad del proyecto”.
Además, la ordenanza no especifica cómo se financiará este descuento en la tarifa, lo que va en contra del artículo 26o de la ordenanza 1611-CM-06 y del artículo 117o de la Carta Orgánica Municipal.
El convenio de concesión para el transporte urbano de pasajeros establece la necesidad de revisiones periódicas de la tarifa para mantener la ecuación económica financiera. Sin embargo, la ordenanza aprobada “no se sometió al proceso adecuado de la Comisión de Seguimiento ni proporciona un análisis de costos y rentabilidad mínima”, explica.
De acuerdo a los considerandos, el proyecto también plantea problemas con respecto a cómo se financiará el descuento para los residentes, ya sea a través de subsidios directos o aumentando la tarifa base. “Ambas opciones tienen consecuencias negativas para los usuarios y podrían poner en riesgo la continuidad del servicio”, expresa.
La resolución indica además que la votación por mayoría simple para aprobar la ordenanza se impugnó por violación a la Carta Orgánica Municipal, y se sugieren posibles sumarios administrativos contra los responsables por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.
A partir de estos argumentos, desde el Ejecutivo se presentó una denuncia de nulidad de la votación de la Ordenanza 3402-CM–23 debido al incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 38 de la Carta Orgánica Municipal, que exige mayorías agravadas para la aprobación de ordenanzas.
Se denuncia también el incumplimiento de la Ordenanza 2798-CM-16 y del Convenio de concesión en relación con la aprobación de las tarifas del Sistema de Transporte Público de Pasajeros, ya que el artículo 6 del Convenio establece que las nuevas tarifas deben surgir del análisis realizado por la Comisión de Seguimiento según la presentación de costos de la empresa.
Asimismo se presentará una denuncia ante el Tribunal de Contralor por las irregularidades en el proceso legislativo durante la sesión ordinaria del 17 de agosto.
Se solicita igualmente que se inicie un sumario por incumplimiento de los deberes de funcionario público, de acuerdo con la Ordenanza 2554-CM-2014, contra el Concejal Marcelo Casas, quien presidió el Concejo Municipal durante la sesión ordinaria del 17 de agosto.
Seguridad Ciudadana
Otra de las ordenanzas vetadas por el intendente es la creación de una Sub Secretaría de Seguridad Ciudadan.
Entre los argumentos del veto, se argumenta que la Constitución Provincial establece las facultades y deberes del gobernador, incluyendo la responsabilidad de mantener la seguridad y el orden público. Además, la Ley Provincial N° 4200 declara que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado provincial y promueve la colaboración con otros organismos gubernamentales y la participación ciudadana en las políticas de seguridad.
Por otro lado, la Carta Orgánica Municipal (COM) establece que los cargos políticos en el Departamento Ejecutivo deben ser establecidos por ordenanza a iniciativa del Intendente, y el cargo de Subsecretario se encuentra dentro del organigrama político.
Además, se indica que la Carta Orgánica Municipal atribuye funciones y competencias municipales relacionadas con la seguridad, la protección de los habitantes y la prevención de situaciones de emergencia o catástrofe.
La Dirección General de Seguridad Ciudadana, que depende de la Subsecretaría General de Protección Civil, tiene misiones específicas relacionadas con la prevención y protección de la vida y los bienes, así como la coordinación con la comunidad y otras instituciones.
La ordenanza 3403-CM-23, aprobada recientemente, asigna facultades a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana que se superponen con las ya existentes de la Subsecretaría de Protección Civil y la Dirección de Seguridad Ciudadana. (Bariloche Opina)