El Congreso convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares y redefine zonas protegidas

El Congreso convirtió en ley este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que redefine los criterios de protección en zonas de alta montaña y abre la posibilidad de habilitar actividades económicas en áreas periglaciares, siempre bajo evaluación de impacto ambiental.

El proyecto fue impulsado por el Gobierno a pedido de gobernadores aliados, con el objetivo de impulsar inversiones mineras millonarias en provincias del norte y la región de Cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley Bases sancionada en 2024. Entre los mandatarios que respaldan la iniciativa se encuentran Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es que modifica los criterios de protección ambiental, permitiendo actividades en zonas que anteriormente estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial. Además, se otorgan mayores facultades a las provincias para definir qué áreas proteger y cuáles no, reduciendo la intervención del Gobierno nacional.

La ley modifica la norma 26.639, vigente desde 2010, que establecía los presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, además de crear el Inventario Nacional de Glaciares, encargado de identificar y registrar estas formaciones en todo el país.

En este sentido, los glaciares argentinos cumplen un rol clave en el sistema hídrico, ya que alimentan 39 cuencas hidrográficas a lo largo de la Cordillera de los Andes, extendiéndose por unos 3.500 kilómetros. Sin embargo, el inventario ha sido cuestionado por algunos sectores que lo consideran desactualizado, mientras que sus defensores señalan dificultades históricas por falta de financiamiento.

Otro aspecto relevante de la reforma es la eliminación de la prohibición automática de actividades extractivas en zonas periglaciares. A partir de ahora, dichas actividades podrán ser autorizadas siempre que cuenten con la aprobación de estudios de impacto ambiental.

Hasta el momento, la protección de estas áreas dependía de evaluaciones técnicas que determinaban si cumplían una función hídrica relevante. Con el nuevo esquema, si no se demuestra científicamente ese rol, podrían habilitarse actividades de explotación.

El ambiente periglacial es considerado una de las zonas más importantes dentro del sistema de protección, ya que funciona como una reserva natural de agua. Se trata de suelos congelados gran parte del año que actúan como reguladores del flujo hídrico hacia ríos y cuencas.

Estas áreas cumplen una función similar a una “esponja natural”, acumulando y liberando agua de manera gradual, lo que resulta fundamental para el abastecimiento en distintas regiones del país. Su inclusión en la ley vigente había restringido actividades como la minería, con el fin de preservar estos recursos.

Con la reforma aprobada, el debate se centra ahora en el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de recursos naturales estratégicos como el agua. (NA)