Deberá pagar $30 millones a su exnovio por insultarlo y difamarlo en redes sociales

Un fallo judicial en La Rioja generó fuerte repercusión luego de que la Justicia civil condenara a una mujer a indemnizar a su expareja —un agente de la Policía provincial— con una suma que, actualizada por intereses, ronda los 30 millones de pesos.

La sentencia no solo establece una reparación económica, sino también la obligación de publicar el fallo en las mismas redes sociales donde durante años realizó agravios, insultos y acusaciones falsas contra el damnificado.

El conflicto se inició en 2019, tras la finalización de la relación de pareja. Según consta en el expediente, la mujer realizó publicaciones ofensivas desde sus cuentas personales y también mediante perfiles falsos, con el objetivo de afectar la reputación del hombre tanto en su entorno laboral como social.

Entre los insultos más reiterados, lo calificó de “cornudo”, “chizito” y “coimero”, además de difundir una falsa acusación vinculada a una supuesta enfermedad de transmisión sexual.

La Justicia consideró acreditado que existió una clara intención de dañar su honor, su imagen pública y su desempeño profesional.

El abogado de la víctima, Pablo Arrieta, explicó que las consecuencias del hostigamiento trascendieron lo personal y tuvieron impacto directo en la carrera de su cliente.

“Se buscó dañar su imagen en todos los ámbitos, tanto el social como el laboral”, sostuvo el letrado.

Según indicó, a raíz de esas acusaciones se abrió un sumario administrativo dentro de la fuerza policial y se bloquearon sus posibilidades de ascenso.

La sentencia fijó inicialmente una indemnización de 4 millones de pesos, aunque con los intereses acumulados durante los seis años que duró el proceso judicial, el monto asciende actualmente a cerca de 30 millones de pesos.

Además, la Justicia ordenó que la mujer publique el contenido de la sentencia en los mismos espacios digitales donde realizó los escraches y publicaciones ofensivas.

En caso de incumplimiento del pago, podrá iniciarse un juicio ejecutivo para avanzar sobre el embargo de bienes y activos.

El expediente también incluyó otro capítulo controvertido: la mujer había presentado una denuncia por violencia de género que, según determinó la investigación, resultó ser falsa.

“Pudimos comprobar que se trataba de una falsa denuncia y por ende se archivaron las actuaciones”, afirmó Arrieta.

A pesar de que la acusada intentó ocultar su identidad detrás de perfiles falsos, el tribunal determinó que el contenido publicado coincidía con su perfil personal, utilizando el mismo lenguaje, acusaciones y datos privados que solo ella podía conocer.

El fallo marca un precedente importante sobre la responsabilidad civil por daños al honor en el ámbito digital y refuerza la advertencia judicial sobre los límites del hostigamiento en redes sociales.

“No cualquiera puede salir a decir cualquier cosa sin tener una consecuencia”, concluyó el abogado.

(TN)