PROVINCIA
Río Negro propone crear un único organismo para regular los servicios públicos
l Gobierno de Río Negro presentó ante la Legislatura un proyecto de ley para crear el Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSEC), un organismo que concentraría las funciones de regulación y control de distintos servicios públicos de la provincia.
La iniciativa, enviada por el gobernador Alberto Weretilneck, propone reemplazar el esquema actual, en el que las tareas regulatorias están distribuidas principalmente entre el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).
El nuevo organismo tendría bajo su órbita la regulación de los servicios de electricidad, agua potable y desagües cloacales, con una estructura que integraría capacidades técnicas, administrativas y jurídicas.
Entre sus principales funciones, el ERSEC tendría facultades para controlar la calidad de los servicios, supervisar tarifas, fiscalizar los planes de inversión y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores.
También podría intervenir ante reclamos de usuarios por deficiencias en los servicios o problemas de facturación y aplicar sanciones cuando corresponda.
El proyecto contempla además mecanismos de participación ciudadana, como consultas y audiencias públicas, junto con medidas destinadas a facilitar el acceso a la información.
Según la propuesta, la creación del nuevo ente no modificaría los marcos regulatorios vigentes para electricidad, agua y saneamiento ni afectaría la continuidad de los contratos existentes. El cambio estaría centrado principalmente en la estructura mediante la cual el Estado provincial regula y controla esos servicios.
Otro de los aspectos previstos es que el nuevo organismo pueda incorporar en el futuro otros servicios o actividades reguladas, sin necesidad de crear un ente específico ante cada nueva incorporación.
El proyecto deberá ahora ser analizado por la Legislatura de Río Negro, donde se definirá su tratamiento y eventual aprobación.
Desde el Gobierno provincial sostienen que la iniciativa forma parte de un proceso de modernización del Estado y que busca concentrar recursos y capacidades para fortalecer el control sobre los servicios públicos.