FISCALÍA
Formularon cargos al detenido por los disparos en un conflicto entre vecinos
El hombre detenido tras el episodio de disparos ocurrido el martes 27 de octubre en inmediaciones de la calle San Lucas fue imputado por portación ilegítima de arma de fuego de guerra y abuso de armas.
En la audiencia de formulación de cargos, el juez de Garantías César Lanfranchi dispuso su internación provisional bajo custodia durante cinco días, mientras se realizan evaluaciones sobre su estado de salud.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, los fiscales Facundo D’Apice y María José Jalil le atribuyeron haber portado en la vía pública un arma de fabricación casera, cargada y en condiciones de uso inmediato, y haber efectuado disparos contra integrantes de otra familia.
El hecho ocurrió entre las 7:30 y las 8:20 del martes, cuando efectivos de la Comisaría 80 acudieron al lugar tras recibir llamados al 911 de vecinos que habían escuchado detonaciones.
De acuerdo con la acusación fiscal, los policías encontraron al imputado con el arma en sus manos, lo redujeron y lo detuvieron. La Fiscalía sostuvo que había disparado antes de la llegada de los efectivos.
Como respaldo de la acusación, se presentaron actas del procedimiento y del secuestro del arma, certificados médicos, fotografías e informes preliminares del Gabinete de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones. También se mencionaron registros de cámaras del Centro de Monitoreo que captaron parte del conflicto.
La investigación abarca las versiones de ambas familias. La Fiscalía explicó que se allanaron las viviendas de los dos grupos para investigar las versiones iniciales sobre posibles disparos desde ambos lados.
En esos procedimientos no se encontraron otras armas de fuego. También se analizarán las circunstancias relatadas por el acusado y las denuncias que puedan presentar las demás personas involucradas.
Durante la audiencia, el defensor público penal Nelson Vigueras no se opuso a la formulación de cargos, aunque planteó una versión diferente de lo ocurrido. Sostuvo que su defendido había sido agredido y que actuó para defenderse y proteger a su madre.
Además, informó que el hombre se encontraba bajo tratamiento en el área de Salud Mental y solicitó una internación provisional. El imputado declaró durante la audiencia.
Internación provisional y prisión preventiva
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva al señalar que los domicilios de las familias están a pocos metros de distancia y que era necesario resguardar a las víctimas y sus testimonios. La defensa cuestionó la existencia de riesgos procesales y propuso medidas menos restrictivas.
El juez Lanfranchi tuvo por formulados los cargos y habilitó la investigación penal. Al analizar las medidas cautelares, consideró acreditados los requisitos para disponer la prisión preventiva, pero tuvo en cuenta la información aportada sobre el estado de salud del acusado.
Por ese motivo, ordenó inicialmente su internación provisional con custodia durante cinco días, hasta el lunes a las 14. Durante ese plazo deberán realizarse evaluaciones físicas y de salud mental para determinar su condición actual, su capacidad para comprender los actos procesales y si necesita continuar bajo esa modalidad de atención.
La resolución establece que, si la internación no se extiende, deberá cumplir la prisión preventiva.