Ley de Glaciares: el oficialismo y la oposición debatirán el destino de las reservas de agua

La modificación de la Ley de Glaciares comenzará a debatirse durante las sesiones extraordinarias del Congreso, que se inician este lunes 2 de febrero, y el tratamiento específico del tema tendría lugar el martes 10, según fuentes parlamentarias.

El proyecto impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei propone redefinir los alcances de la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, especialmente en artículos vinculados a la función hídrica de estas zonas y a una mayor autonomía de las provincias sobre sus recursos naturales.

La iniciativa anticipa un debate intenso con los bloques opositores a La Libertad Avanza (LLA), en particular con Unión por la Patria (UxP), y con organismos ambientalistas que ya manifestaron su rechazo al tratamiento del proyecto.

Estos sectores advierten que una modificación de la Ley 26.639 podría dejar sin efecto la prohibición de actividades mineras y de hidrocarburos que afecten glaciares, ambiente periglacial y cuencas hídricas, consideradas reservas estratégicas de agua.

Mientras el oficialismo sostiene que la reforma permitiría habilitar proyectos de desarrollo económico, especialmente vinculados a la megaminería y los hidrocarburos, el bloque peronista defiende la normativa vigente al considerar prioritaria la preservación de las reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, eje central de la ley actual.

En la misma línea, el bloque libertario del Senado afirmó que la legislación vigente genera “inseguridad jurídica y parálisis de inversiones”, por lo que el proyecto busca restringir la protección solo a aquellos glaciares que cumplan una función hídrica efectiva y estratégica, habilitando al mismo tiempo actividades productivas en determinadas áreas.

Fuentes legislativas indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que, de avanzar la modificación, se otorgaría mayor autonomía a las provincias para decidir sobre sus recursos naturales, un reclamo compartido por distritos con potencial de explotación de litio y cobre, como San Juan, Catamarca y Jujuy.

En ese contexto, los legisladores opositores de estas provincias se encuentran bajo presión, ya que la normativa actual frena proyectos mineros y los obliga a posicionarse entre el desarrollo productivo y la protección ambiental.

Por el momento, trascendió que no se impulsará la eliminación total de la ley, sino una posible reformulación intermedia que priorice el cuidado ambiental sin descartar el desarrollo económico, aunque las diferencias provinciales generan divisiones dentro del interbloque opositor.

Desde los sectores que apoyan la modificación, señalaron que el objetivo es brindar “certezas técnicas” para compatibilizar la actividad económica con la protección del ambiente, manteniendo los mecanismos de auditoría y control. 

Con información de Noticias Argentinas