Un acuerdo judicial resolvió un conflicto por cámaras de seguridad entre vecinas

Un conflicto vecinal relacionado con la instalación de cámaras de seguridad en un complejo de departamentos de Cipolletti encontró una solución a través de una audiencia realizada en el Juzgado de Paz, donde las partes alcanzaron un acuerdo que fue posteriormente homologado por la Justicia.

La presentación fue realizada por una mujer que manifestó que otra residente había colocado cámaras en un espacio común del inmueble, las cuales registraban los horarios de ingreso y egreso, las patentes de los vehículos y los movimientos de integrantes de su familia, incluidos niños, niñas y adolescentes, sin que existiera autorización para ello.

Según expuso la denunciante, previamente había intentado resolver la situación con la propietaria del complejo, aunque aseguró que no obtuvo una respuesta. Además, recordó que el año anterior ya había realizado una denuncia por un conflicto relacionado con ruidos molestos.

A partir de la presentación, el Juzgado de Paz de Cipolletti convocó a una audiencia con el objetivo de generar un espacio de diálogo que permitiera mejorar la convivencia entre las partes.

Durante el encuentro, la magistrada explicó que el conflicto no solo involucraba a las vecinas, sino también a sus respectivas familias, por lo que resultaba necesario establecer pautas claras para favorecer una convivencia pacífica dentro del complejo.

Como resultado de la audiencia, ambas residentes alcanzaron un acuerdo sobre distintos aspectos vinculados a la convivencia cotidiana.

En primer lugar, resolvieron la situación relacionada con las cámaras de seguridad. Las dos vecinas que tenían dispositivos instalados se comprometieron a retirarlos en el plazo de una semana, mientras que la propietaria del inmueble asumió el compromiso de instalar nuevas cámaras en sectores específicos del complejo: una orientada hacia el portón de ingreso y otra hacia el garaje, dentro de un plazo máximo de dos meses.

El convenio también incluyó pautas para evitar ruidos molestos. Las partes acordaron respetar horarios de descanso entre las 23 y las 7, y entre las 14 y las 16.30, comprometiéndose a evitar actividades que alteren la tranquilidad del resto de los residentes durante esas franjas horarias.

Otro de los puntos contempló las reuniones familiares. En ese sentido, ambas vecinas acordaron avisarse previamente cuando organizaran cumpleaños u otros encuentros sociales, con el propósito de prevenir inconvenientes derivados de la convivencia.

Además, establecieron que cualquier situación futura relacionada con la convivencia será tratada de manera personal y directa entre ellas, evitando intermediarios siempre que sea posible.

El acuerdo también prevé un mecanismo para eventuales incumplimientos. En caso de que alguna de las partes no respete lo pactado, cualquiera de ellas podrá solicitar una nueva audiencia ante el Juzgado de Paz.

Finalmente, la jueza resolvió homologar el convenio, otorgándole validez judicial a los compromisos asumidos respecto del uso de cámaras de seguridad, los horarios de descanso, las reuniones familiares, la comunicación entre las partes y el procedimiento previsto para resolver futuros conflictos.